GOBIERNO INSTA AL TSJ A REANUDAR 60 PROCESOS POR CORRUPCIÓN DE LA GESTIÓN DE EVO

La reanudación de los plazos procesales y la retoma del control jurisdiccional de 60 procesos de corrupción que involucran al gobierno de Evo Morales y con los cuales el Estado podrá recuperar unos $us 750 millones, es el argumento con el cual el Gobierno presentó este martes sendos memoriales al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“El Ministerio Público está con las manos amarradas y nosotros igual porque no se puede continuar con las investigaciones. Entonces, hoy día, estamos solicitando reabrir los plazos procesales en los juzgados y retomar el control jurisdiccional para que ya el Ministerio Público pueda continuar con sus investigaciones. La emergencia sanitaria ya fue levantada y La Paz ya está en riesgo moderado, por ejemplo”, informó hoy el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar.

A consecuencia de la cuarentena rígida a causa del covid-19, se suspendieron los plazos procesales en la tramitación de estos 60 casos, pues el TSJ y la Fiscalía General emitieron circulares para informar que solo tratarían procesos que ingresen en la cuarentena, en tanto que los anteriores quedaron suspendidos por la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Decreto Supremo 4245, del 28 de mayo, levantó esta última medida. El Ministerio Público reanudó sus actividades la anterior semana, pero los juzgados aún permanecen cerrados.  

Entre los 60 casos, están los procesos por el Fondo Indígena, cuyo daño económico al Estado asciende a unos $us 170 millones en lo que va de la investigación; el caso taladros chinos, con $us 60 millones; el caso Neurona, con $us 13 millones; el caso helicópteros chinos, con $us 108 millones; el caso Uelicn (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico), por mantenimiento de aeronaves, con $us 60 millones; el caso de Dora Vallejos, por enriquecimiento Ilícito con afectación al Estado, con $us 150 millones; el caso de fraude electoral en las elecciones generales de 2019, con $us 217 millones, señala un boletín institucional de esta cartera de Estado.     

“En resumen estamos bordeando los 750 millones de dólares que, con la reactivación de estos procesos, el Estado puede recuperarlos. En caso de determinarse la culpabilidad, en la mayoría de los casos tenemos anotaciones preventivas de los bienes de los encausados. Una vez que esa sentencia condenatoria quede firme e irrebatible, esos bienes pasarían a nombre del Estado”, indicó el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

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