CASO RESPIRADORES ESPAÑOLES: PIDEN 10 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EXMINISTRO NAVAJAS Y OTROS SIETE EXFUNCIONARIOS

La Fiscalía presentó la acusación formal contra el exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros siete exfuncionarios por el caso de los respiradores españoles. Pide una pena de 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.

El fiscal Juan Lanchipa, brindó la información sobre el proceso, relacionado a la contratación irregular directa para la compra de 170 ventiladores pulmonares de la marca y modelo Respira Device. 

Los acusados son ex funcionarios del Ministerio de Salud, Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y dos personas particulares.

La acusación formal está sustentada en 22 pruebas testificales y 73 documentales colectadas en la etapa preparatoria de la investigación, entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de 170 ventiladores pulmonares.

Además, informes técnico-periciales de informática forense a diferentes equipos celulares, de donde se extrajo conversaciones que vinculan a los acusados en estos hechos, informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19, entre otras.

Entre los involucrados están el exministro Navajas; el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela Billewicz; exdirector Ejecutivo de la AISEM, Giovanni Pachecho Fiorilo; exencargada de Equipamiento de la AISEM, Ana Fernanda Espinoza Morejón; exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos; excónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja Lozada; exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS), Fernando José Arias Alzerreca; y Luis Fernando Humérez Ortiz, quien habría sido el contacto entre los personeros de la empresa española y el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.

Los delitos atribuidos tienen que ver con incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros. 

«Por todos estos delitos el Ministerio Público está solicitando una sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real e ideal”, sostuvo el fiscal General.

Los ventiladores fueron adquiridos de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting Global SL, a pesar de las observaciones que hizo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advirtió que esos equipos eran muy básicos para terapia intensiva y no cumplían las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, que se contaba con una mejor oferta y precios de la empresa boliviana COSIN LTDA, que ofrecía los ventiladores a 13 mil dólares la unidad, aproximadamente.

El proceso de compra directa de los ventiladores se realizó entre la empresa española intermediaria IME Consulting Global SL, y la AISEM, dependiente del Ministerio de Salud por un monto de más de cuatro millones de dólares, de cuáles se pagó a empresa española la mitad, es decir más de dos millones, ya que el proceso fue paralizado porque no cumplía con las especificaciones y por falta de accesorios. El precio unitario de cada ventilador acordado es de 28 mil dólares, aproximadamente.

Según informes emitidos por el CEASS se evidenció que físicamente los ventiladores pulmonares se encuentran en instalaciones de esa institución ubicadas en la avenida 6 de marzo de la ciudad de El Alto y actualmente se encuentran sin funcionamiento.

Via: El Deber

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