El legislador departamental Rodrigo Delgado señaló que el Ejecutivo regional aún no ha presentado de forma oficial el Plan Operativo Anual (POA) ante el pleno parlamentario y criticó que la Gobernación no realizara mesas de diálogo ni reuniones explicativas con las organizaciones sociales durante los últimos 45 días, explicando que esta falta de socialización deja en la incertidumbre a la población, pues no se sabe con certeza cuáles sectores tendrán más recursos ni cuáles sufrirán recortes o reducciones en la planificación presupuestaria del siguiente año.
En referencia al debate para disminuir la cantidad de representantes en el pleno legislativo, la autoridad precisó que la medida demanda modificar el Estatuto Autonómico mediante la realización de un referéndum, proceso que implicará destinar recursos económicos. Delgado reconoció que hay una presencia excesiva de legisladores que debe corregirse, pero remarcó que dicho ajuste no debe restar representación a las naciones originarias ni a las exigencias del Chaco.
«La reducción de asambleístas no tiene que ser una afectación a la conquista de los pueblos indígenas, reducción sí, pero sin tocar a la representación de los pueblos indígenas que han ganado un lugar de representación y una voz para la atención de sus necesidades», señaló.
En cuanto a la situación de las autoridades suplentes y los cambios sugeridos para el ente departamental, Delgado señaló que la mesa directiva aún aguarda la respuesta oficial del Tribunal Constitucional, manifestando que la resolución que emita la entidad de justicia servirá para buscar puntos de encuentro y consensos con los diferentes sectores representados en la Asamblea. Asimismo, anticipó que la determinación vendrá acompañada de sugerencias de carácter legal para orientar adecuadamente la restructuración institucional.
En lo relativo al presupuesto propio de la entidad parlamentaria, el asambleísta ratificó una adición de 3 millones de bolivianos para la gestión operativa, aclarando que no fue una decisión caprichosa, sino una actualización sujeta a los techos presupuestarios normados.
«Los 3 millones es para el funcionamiento de la institución en el sentido de que hay que darle las condiciones a esta entidad porque hay una labor de fiscalización que se realiza permanentemente y esto incluye la elaboración o emisión de documentos, la movilización de los asambleístas a diferentes lugares y hasta el momento hemos estado haciendo todo sin esta consideración económica», declaró.
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